La Directiva de Televisión Sin Fronteras: evolución y nuevos retos

La Directiva de Televisión Sin Fronteras nació en los años ochenta para ordenar la regulación del sector audiovisual de los diferentes países de la Unión Europea. Su objetivo principal fue la adopción del “principio de país de origen”, por el cual se obligaba a los Estados miembros a asegurar la libertad de recepción, de modo que en cualquier país pudiera seguirse la programación del resto de Estados miembros.

Desde entonces, se ha otorgado al sector audiovisual un gran valor social, principalmente por su poder como herramienta para el ejercicio de las libertades y por su contribución a la difusión de la cultura.

Entre otros puntos, la Directiva nace con el objetivo de regular ciertos aspectos de la radiodifusión, como el establecimiento de una determinada cuota de programación que debe basarse en producciones europeas o la regulación de las emisiones publicitarias.

El 23 de junio de 1997 se inicia el primer proceso de revisión de la Directiva para modernizar su redacción original. Entre las reformas efectuadas cabe destacar la creación del “principio de jurisdicción”, que permite conocer qué Estado es el responsable de las diferentes cadenas de televisión. También se permitió que cada país contara con varios procedimientos para determinar una lista de acontecimientos sociales que los medios deberían seguir.

La realidad del mercado es tan cambiante que en 2001 se pone en marcha otro proceso de revisión. La Comisión Europea publica poco después un informe en que hace un balance positivo de la evolución de la Directiva, por lo que decide crear en 2003 una consulta pública. De ella se obtuvieron varias conclusiones, como que se tienen que corregir las diferencias existentes entre los marcos regulatorios los Estados miembros o que se debe limitar el alcance de las técnicas publicitarias más revolucionarias cuyo público objetivo es, principalmente, la infancia.

A partir de estos resultados, la CE elaboró una propuesta de reforma. Así se daba forma a la nueva Directiva de Servicios Audiovisuales. La principal novedad que introducía era su enfoque horizontal encuadrado entorno al principio de neutralidad tecnológica, es decir, se hacia posible que pudiera abarcar todo el sector audiovisual, independientemente de la tecnología empleada para su distribución. De este modo, se daba un paso hacia la convergencia de los diferentes marcos legales, pero, a pesar de ello, se establecía una distinción entre los diferentes servicios audiovisuales: programación lineal (sujeta al horario que defina el proveedor) y no lineal (acceso libre). El principal fin de esta clasificación es establecer una graduación en el nivel de regulación aplicable. Así pues, los servicios no lineales cuentan con una regulación mínima, mientras que los lineales son vigilados más de cerca, con una regulación que incluye la imposición de una cuota cultural, la protección de eventos de carácter general, el derecho a réplica, medidas más detalladas para la protección de los menores y restricciones más concretas en materia publicitaria.

Me gustaría insistir en estos dos últimos puntos teniendo en cuenta la oportunidad que nos brinda la actual consulta pública. Como hemos visto, la evolución de la normativa en todos estos años ha sido a más. No obstante, no hemos visto que sus reformas y sus reelaboraciones hayan tenido una repercusión clara en el panorama audiovisual de la Unión Europea.

Nuestras cadenas no programan tantas producciones europeas como deberían y los contenidos publicitarios invaden ya hasta los espacios informativos. Más preocupante es, aún, la situación de los menores de edad. Este grupo de la población se ve indefenso ante algunos programas, a pesar de que en algunos Estados, como el nuestro, se cuenta ya con un horario protegido. Pero parece que estas medidas son ignoradas por las cadenas. O, como mínimo, que nadie actúa contra ellas cada vez que las incumplen. Esto es lo más importante que debe corregir la Directiva: no debe ser una lista de buenos propósitos o de directrices que regulan el panorama audiovisual europeo que no tienen ninguna incidencia sobre la conciencia y la capacidad del público.